21 septiembre 2005

De Constituciones I: El poder de los jueces.

Aparte de los aspectos simbólicos, de definición de una identidad colectiva, las constituciones, a efectos prácticos, pueden definirse como leyes que requieren una super-mayoría para ser alteradas. Estas leyes son de dos tipos. En primer lugar las constituciones suelen incluir, con mayor o menor detalle, las reglas del juego democrático, es decir, el mecanismo mediante el cual eso que llamamos “la voluntad ciudadana” se convierte en decisiones prácticas, ya sea a nivel de acciones de gobierno o a nivel de acciones judiciales. Las constituciones suelen incluir además leyes que ponen límites, en nombre del respeto a las minorías, al poder que puede ejercer una mayoría exigua de los ciudadanos.

Antes de continuar hay que recordar que en una sociedad democrática las decisiones de los gobernantes y las de los jueces no son concebidas como decisiones personales, sino como un reflejo de los deseos de la mayoría de la sociedad. Esa cualidad es precisamente lo que les confiere “legitimidad democrática” y garantiza la paz social. Por otro lado, la realidad es que el control que ejercen los ciudadanos sobre las decisiones judiciales y ejecutivas es bastante indirecto. En el caso de las decisiones políticas, la voluntad del partido o de los políticos individuales de mantenerse en el poder, actúa como cómo correa de transmisión de los deseos de la sociedad. En el caso de las decisiones judiciales el mecanismo de legitimidad es más problemático. La sociedad controla las decisiones de los jueces, en primer lugar, a través de leyes aprobadas por políticos con miedo a perder su trabajo. Las leyes, incluidas las constituciones, no pueden, sin embargo, ser nunca lo suficientemente detalladas como ser de aplicación automática. La discrecionalidad del juez crea, por tanto, un problema potencial de legitimidad.

En algunas sociedades la discrecionalidad del juez ve limitada por la institución del jurado. La atracción del jurado se debe a que los jueces, en muchas sociedades, son percibidos como miembros de una clase particular y minoritaria, bien sea la clase con mayor poder económico o bien la “élite intelectual”. En cualquier caso, los ciudadanos pueden sospechar que las interpretaciones del juez se corresponden a los intereses de su clase y no a los de la mayoría. El que la aplicación de la ley sea realizada, en parte, por una muestra más o menos al azar de ciudadanos, puede evitar, en principio, que una minoría social controle la interpretación de las leyes. La institución del jurado, por otra parte, tiene como efecto indirecto poner bajo sospecha las decisiones judiciales en las que no participa, incluyendo la interpretación de la constitución.

Los fiscales, los abogados de oficio, los órganos de supervisión, el control sobre los ascensos, los indultos o la existencia de múltiples instancias son otros mecanismos mediante los que la sociedad puede limitar la discrecionalidad de los jueces. La elección directa o la censura democrática no son, sin embargo, opciones a la que se conceda mucha consideración. Es una verdad aceptada, al menos entre la élite política, que las leyes, para ser eficaces en su función de prevenir y mediar los conflictos sociales, han de ser aplicadas idealmente de forma sistemática. Es difícil imaginar como esto podría tener lugar si el control democrático de los jueces fuera más directo. El poder judicial mantiene su autoridad a los ojos de la sociedad en parte gracias al aura casi sacerdotal que lo envuelve. Desde las vestimentas especiales, el lenguaje formal y arcaico o la posición elevada en el tribunal, todo el misterioso ceremonial del juicio contribuye a ocultar el déficit de legitimidad bajo el peso de la tradición. Esto es particularmente cierto en las sociedades anglosajonas, donde la “common law” otorga al juez un considerable grado de discrecionalidad personal. Una posibilidad alternativa, más popular en paises de tradición centralista, es concebir las decisiones judiciales como actos cuasi-administrativos realizados por un experto cuya autoridad procede del hecho de pertenecer al aparato del estado y de poseer las cualificaciones técnicas adecuadas.

Una de las diferencias más interesantes entre la sociedad española y la norteamericana es que los españoles confían más en los jueces que en los políticos, mientras que los estadounidenses confían más en los políticos que en los jueces. La sociedad española, que usa un sistema político de representación semiproporcional, se ve a si misma en una especie de tregua indefinida entre dos bandos que han pactado no utilizar sus ventajas numéricas momentáneas para aplastar completamente a los contrincantes. La sociedad necesita ver a los jueces como árbitros neutrales y a los fiscales como funcionarios independientes. Las leyes, o al menos las consideradas importantes, se suponen estables y aprobadas por amplio consenso. La mayoría de los jueces, conscientes de las expectativas de la sociedad, procuran evitar la impresión de hacer política desde los estrados. Por su parte, los políticos limitan en general sus críticas a decisiones judiciales particulares. En Estados Unidos, por el contrario, donde las elecciones son en distritos unipersonales, la sociedad se ve a si misma como una serie de comunidades donde la mayoría, imaginada como la amplia zona central del espectro de opinión, impone por derecho su voluntad. El jurado es visto con más confianza que el juez y los fiscales hacen campaña de reelección en los tribunales, desde donde saltan con frecuencia a la política. Los jueces, más allá del ámbito local, son vistos con desconfianza y son juzgados abiertamente en función de sus posiciones políticas. Los legisladores proponen leyes controvertidas, reducen la discrecionalidad en las penas o incluso crean leyes a la medida para casos individuales. Muchos jueces, por su parte, entienden su función como la de ejecutores de la voluntad de la mayoría local por encima de la del legislador. Otros, por el contrario, ven su papel como el de una barrera de contención frente a la marea de la opinión pública que impulsa al legislativo a adoptar posiciones populistas sin meditar las consecuencias. En una sociedad donde la democracia es entendida como el poder en manos de la gente corriente, esta postura activista pone peligrosamente al descubierto el déficit de legitimidad del poder judicial.